viernes, 10 de septiembre de 2010

VIDA

Tras cuatro horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley para restablecer la figura legal de infanticidio en el Código Penal, que busca atenuar las condenas para las madres que maten a sus hijos bajo los efectos del puerperio.
La iniciativa, que recibió media sanción (con 170 votos afirmativos, 29 negativos y nueve abstenciones) tiene como antecedente el caso de la joven jujeña Romina Tejerina, que fue condenada en junio de 2005 a 14 años de prisión por el asesinato de su hijo recién nacido, producto de una violación.
El oficialismo respaldó esta madrugada un dictamen de mayoría, el cual restablece la figura y dispone una condena de seis meses a tres años para el infanticidio, es decir, para el "homicidio cometido por madre mientras dura su estado puerperal".
Desde su derogación, casos como el de Tejerina se consideran como homicidio agravado por el vínculo, lo que implica una pena de prisión perpetua. La única manera en la que la Justicia puede dar una escala de penas de entre 8 y 25 años de cárcel es si se comprueba que hubo atenuantes.
"El puerperio no puede extenderse más de 40 días y debe generar un estado de psicosis, parecida a la emoción violenta", para ser considerado como un atenuante, explicó durante el debate la kirchnerista Diana Conti, al defender la iniciativa.
La propuesta considera la zona cultural y social de la mujer que atraviesa esa situación, figura que fue eliminada del Código tras la reforma Blumberg, dado que -según los defensores de la norma- la mayoría de los episodios se registraron en el interior del país.
Como muestra del corte transversal que provocó, la iniciativa contó con el respaldo de la Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica).
Su compañera de bloque Patricia Bullrich, en tanto, firmó un proyecto alternativo con las peronistas federales Natalia Gambaro y Gladys González, que tuvo el apoyo de la cobista Cynthia Hotton.
Bullrich cuestionó la propuesta de la mayoría y dijo que "plantea un auténtico permiso para matar".
Reconoció, también, que los tiempos cambiaron y que la propuesta significa un retroceso en la autonomía de la mujer. "Sería volver al concepto de una mujer sub-persona o subnormal", advirtió.
"En nuestro dictamen se debe entender el estado puerperal como un trastorno de conciencia", señaló y tomó como ejemplo la normativa española que establece una pena de 3 a 8 años de prisión para este tipo de casos.
Su compañero de bloque, Juan Carlos Vega, en cambio, planteó una alternativa intermedia que contempla las mismas penas que el de mayoría y fija el período de puerperio en ocho días como máximo, según el derecho penal comparado.

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